Alias “Marino” si tenía un inmueble en Isla Mocolí, confirma Ministro Reimberg

El asesinato de Stalin Olivero Vargas, conocido como alias “El Marino”, ocurrido en una urbanización de la Isla Mocolí, en Samborondón, continúa bajo investigación policial con una hipótesis central: un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, este 9 de enero de 2026, al detallar avances del caso.

Según la autoridad, alias “El Marino” era cabecilla de la organización criminal Los Lagartos, dedicada principalmente al narcotráfico. Sin embargo, la Policía maneja información que indica que su liderazgo había sido cuestionado dentro de la propia estructura, lo que habría debilitado su posición y generado tensiones internas.

Ruptura dentro de la organización
Reimberg señaló que Olivero habría iniciado acercamientos con la banda rival Los Lobos, hecho que fue interpretado como una traición por su grupo original. De acuerdo con la hipótesis policial, esta decisión desencadenó el ataque armado que terminó con su muerte, una práctica recurrente en disputas entre organizaciones delictivas.

El ministro explicó que este tipo de conflictos responde a luchas por control territorial y a la exigencia de lealtad absoluta dentro de las estructuras criminales. “Cuando se rompen esos códigos, las consecuencias suelen ser inmediatas”, indicó durante la entrevista radial.

Acceso a la urbanización
Uno de los puntos que más inquietud generó fue cómo alias “El Marino” logró ingresar a una zona considerada de alta seguridad. Reimberg aclaró que Olivero no residía en la urbanización Mocolí Golf Club, donde ocurrió el crimen, aunque sí poseía un departamento en la Isla Mocolí.

De acuerdo con la investigación, el cabecilla ingresó al conjunto residencial como invitado de un residente, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Este dato es clave para determinar eventuales responsabilidades y revisar los protocolos de control de accesos.

Preocupación en sectores exclusivos
La Isla Mocolí, ubicada en la parroquia urbana La Puntilla, concentra varias urbanizaciones privadas con accesos controlados. El hecho violento ha generado preocupación entre los habitantes, al evidenciar que la violencia vinculada al narcotráfico ha alcanzado zonas consideradas blindadas.

Dirigentes barriales advirtieron que el crimen rompe la percepción de seguridad en el sector y refleja un problema de alcance nacional. Lo que se sabe es que la investigación apunta a un conflicto interno entre bandas; lo que falta por confirmar es la identificación de todos los responsables y posibles fallas en los sistemas de seguridad. Las autoridades aseguraron que las indagaciones continúan y que se reforzarán los controles en áreas residenciales de alto riesgo.