Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en Latacunga por el Caso Goleada

Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, en Latacunga, tras la decisión adoptada la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 dentro del denominado Caso Goleada. El traslado se ejecutó la madrugada de este jueves 12 de febrero bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

La medida fue dispuesta por el juez anticorrupción Jairo García durante la audiencia de formulación de cargos realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía investiga a once personas por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Decisión judicial y alcances

El juez ordenó prisión preventiva para Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, así como para otros procesados vinculados a la causa. Para un implicado se dispuso arresto domiciliario por ser adulto mayor y a otros se les impusieron medidas sustitutivas como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Además, el magistrado acogió el pedido de inmovilización de cuentas bancarias dentro del Sistema Financiero Nacional. Según lo expuesto en audiencia, la investigación apunta a un presunto entramado societario relacionado con la comercialización de combustibles.

Postura de la defensa

El abogado Ramiro García cuestionó la decisión y anunció que apelará la prisión preventiva. Sostuvo que no se realizó un análisis individualizado de riesgos procesales y que la medida se utiliza como una sanción anticipada.

La defensa también afirmó que los hechos investigados coinciden con los del denominado Caso Triple A, en el que el alcalde ya enfrenta un proceso por presunta comercialización irregular de hidrocarburos. Indicó que la acusación se basa en pericias de conversaciones de WhatsApp y una denuncia anónima.

Reacciones y lo que sigue

En Guayaquil y Quito se registraron concentraciones de simpatizantes que expresaron respaldo al alcalde tras conocerse la decisión judicial. Autoridades policiales y militares reforzaron la seguridad durante el traslado y en los exteriores de las dependencias judiciales.

Lo que se sabe es que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días mientras se recaban y practican nuevas diligencias. Lo que falta por confirmar es si un tribunal superior modificará la medida cautelar tras el recurso anunciado por la defensa. El Caso Goleada entra así en una fase clave, con implicaciones políticas y judiciales que seguirán marcando la agenda nacional.