Contratos petroleros de Delcy Rodríguez salpican a empresario cercano a Correa

Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada de Venezuela, concedió contratos preferenciales de explotación petrolera a un empresario ecuatoriano cercano al correísmo, según una investigación de Plan V difundida en enero de 2026. Los acuerdos se otorgaron cuando Rodríguez dirigía el Ministerio de Petróleo, durante el régimen de Nicolás Maduro, y han vuelto a escena tras el operativo militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Maduro.

Los contratos se firmaron bajo un esquema creado en 2024 para atraer capital privado en un contexto de sanciones internacionales. De acuerdo con la investigación, el beneficiario fue Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario sin experiencia previa en el sector petrolero, pero con vínculos políticos en Ecuador.

La revelación de Plan V

Plan V identificó que Robalino obtuvo acuerdos con la estatal PDVSA a través de Territorio Trading Group, una empresa creada en Madrid en septiembre de 2024. La firma fue inscrita con un capital de apenas 3.000 euros y tiene como objeto social la consultoría empresarial, sin antecedentes en producción de hidrocarburos.

Según el reportaje, el contrato permitió a la empresa explotar el campo Melones, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. La producción del yacimiento ronda los 8.000 barriles diarios, con una meta oficial de alcanzar los 10.000 barriles, objetivo que no se habría cumplido hasta el cierre de 2025.

Vínculos políticos y empresariales

Robalino mantiene una relación cercana con Héctor Egüez Álava, exfuncionario del gobierno de Correa y exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ambos formaron una segunda empresa en España, Global Maval, dedicada a la gestión de acciones y capitales, registrada en octubre de 2025 y con la misma dirección que Territorio Trading Group.

La investigación señala que estas estructuras empresariales habrían sido utilizadas para sortear las restricciones impuestas por Estados Unidos al sector petrolero venezolano. El diseño de los contratos permitió a los socios privados acceder hasta al 49% de participación, bajo los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP).

Empresas sin resultados claros

Pese a los anuncios iniciales, Plan V recoge testimonios internos de PDVSA que indican que Territorio Trading Group no logró cumplir las inversiones comprometidas. Hasta finales de 2025, la empresa no habría mostrado avances significativos en el incremento de la producción del campo Melones, debido a limitaciones financieras.

El futuro de estos contratos quedó en entredicho tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el control anunciado sobre el sector petrolero. La continuidad de las operaciones privadas vinculadas a los CPP es ahora incierta.

Reacciones y contexto regional

Tras la captura de Maduro, el expresidente Rafael Correa se pronunció sobre el escenario venezolano y cuestionó el rol de Washington. En declaraciones públicas del 6 de enero de 2026, afirmó que Estados Unidos “no busca diálogo, sino el petróleo de Venezuela”.

Mientras tanto, la investigación de Plan V pone bajo escrutinio un patrón de adjudicación de campos petroleros a empresas sin experiencia, pero con conexiones políticas transnacionales. El caso reabre el debate sobre el uso de mecanismos excepcionales para administrar recursos estratégicos en contextos de sanciones.

Lo que sigue

Lo que se sabe es que los contratos otorgados por Delcy Rodríguez favorecieron a empresas vinculadas al entorno del correísmo y no cumplieron las metas anunciadas. Lo que falta por confirmar es si estos acuerdos serán anulados o revisados bajo la nueva coyuntura política y militar en Venezuela. Hasta el cierre de esta edición, los hallazgos de Plan V siguen siendo el principal insumo para el escrutinio público del caso.