Gobierno de Petro pide suspender capturas del Clan del Golfo (29)

El Gobierno de Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía colombiana suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo el 8 de abril de 2026. La medida busca facilitar el traslado de esos miembros en junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) definidas en un proceso de negociación.

La solicitud se dio meses después de que el Clan del Golfo anunciara la suspensión de diálogos con Colombia. El pedido se enmarcó en un acuerdo aprobado el año pasado en Doha entre el Gobierno y los líderes del Clan, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que se presenta como heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Acuerdo de Doha y traslado a ZUT

Según el comunicado conjunto de los equipos negociadores, más de 400 combatientes se desplazarán a Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, y a Belén de Bajirá, en Chocó, para instalarse en las ZUT. El convenio también contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y la sustitución de cultivos ilícitos en Mutatá, en Antioquia, y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó.

El texto establece que el traslado será “gradual y progresivo” y que se adoptarán “medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana” durante el desplazamiento. Incluye la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, así como de aquellas con fines de extradición, como condición para que el proceso avance. Lo que implica para la gente es que el operativo de traslado y permanencia en las ZUT cambia la situación procesal de los señalados durante esa etapa.

Alias “Chiquito Malo” entre beneficiados

De acuerdo con la resolución que el Gobierno emitió en abril y que se conoció este viernes, la suspensión de capturas se produce tras recibir una lista autorizada por el Clan del Golfo con los nombres de los 29 beneficiados. Entre ellos está Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', descrito como el comandante de los Gaitanistas.

El Gobierno señaló que la decisión responde “al proceso de traslado, ingreso y permanencia en la ZUT” y no constituye una habilitación general ajena a los fines del proceso de paz. También indicó que la medida tiene un “carácter territorialmente restringido”, por lo que no equivale a autorización de circulación por todo el país.

Movilización y notificación obligatoria

El convenio exige que toda movilidad sea notificada previamente y con información suficiente a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. El Gobierno precisó que se debe indicar la finalidad del movimiento, las personas involucradas, el lugar de origen, la ruta prevista, el destino, las fechas y las condiciones necesarias para contar con información. Lo que se sabe hasta ahora es que la suspensión de capturas se liga a la fase de ZUT; lo que falta por confirmar es el alcance operativo de la Fiscalía y el cumplimiento de los tiempos y rutas informadas durante el traslado.

Para quienes viven en las zonas mencionadas, la recomendación práctica es seguir los reportes institucionales sobre movimientos y medidas de seguridad, especialmente en Córdoba y Chocó, donde se ubicarán las ZUT. El proceso depende de notificaciones y restricciones territoriales, y cualquier desvío podría afectar la continuidad de la negociación. En el cierre, el Gobierno insistió en que la suspensión no es general y queda atada a la permanencia en las ZUT.