¿Quién controla los $60.000 millones en cripto vinculados a Venezuela?

La pregunta sobre quién controla los $60.000 millones en cripto vinculados a Venezuela volvió al centro del debate internacional esta semana, tras revelaciones sobre el destino de activos digitales creados para evadir sanciones. El foco ya no está solo en la caída del poder político, sino en la supervivencia de su arquitectura financiera. El caso plantea un desafío inédito para los sistemas de justicia y control global.

Durante años, el régimen venezolano desarrolló mecanismos alternativos para mover capital fuera del sistema bancario tradicional. A los esquemas clásicos se sumó una infraestructura digital basada en criptoactivos, diseñada para operar fuera del alcance inmediato de las sanciones. Este entramado habría permitido resguardar grandes sumas incluso ante un cambio abrupto de poder.

Una arquitectura pensada para resistir
Lo que se sabe es que parte de esos fondos habrían sido convertidos desde recursos estratégicos como petróleo y oro hacia criptoactivos y stablecoins. La estructura habría incluido billeteras no custodiadas, esquemas de firmas múltiples y claves distribuidas en distintas jurisdicciones. Este diseño reduce la posibilidad de que una sola autoridad recupere los activos.

La consecuencia directa es que el control político pierde peso frente al control criptográfico. Una vez que los fondos están en la blockchain y las claves están fragmentadas, el acceso depende más de acuerdos privados que de decisiones estatales. Para la población, esto implica que una eventual recuperación de recursos públicos no es automática.

Nombres, roles y zonas grises
En torno a esta red aparecen actores con situaciones legales poco claras. Algunos habrían participado en el traslado físico de activos antes de su conversión digital, otros en la coordinación financiera internacional. Hasta el cierre de esta edición, no existen imputaciones públicas que confirmen responsabilidades directas sobre la custodia actual de los fondos.

Desde el punto de vista de las autoridades, el desafío es doble. Por un lado, identificar a los custodios reales de las claves; por otro, demostrar la trazabilidad entre los activos digitales y delitos previos. Analistas advierten que sin cooperación internacional amplia, estos procesos pueden extenderse por años.

Implicaciones globales del caso
El caso venezolano no es aislado. Países sancionados como Irán o Corea del Norte también han incorporado criptoactivos a sus estrategias financieras. Esto abre un debate mayor sobre la capacidad de los Estados para regular sistemas diseñados para operar sin intermediarios.

Lo que falta por confirmar es si estas estructuras seguirán activas o si serán desmanteladas mediante acuerdos judiciales. Hasta ahora, no hay evidencia pública de que los fondos hayan sido incautados o congelados de forma efectiva.

Qué sigue para los activos digitales
El control de los $60.000 millones en cripto sigue siendo una incógnita clave. Expertos recomiendan observar los próximos movimientos de agencias internacionales y eventuales procesos judiciales sellados. Por ahora, el caso refuerza una conclusión: la blockchain puede conservar el rastro del poder, incluso cuando el poder político desaparece.