Superintendencia de Compañías intervino Granasa, editora de Extra y Expreso

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 18 de febrero de 2026. El organismo designó como interventora a Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, quien deberá presentar informes mensuales sobre la situación administrativa y financiera de la compañía.

¿Qué implica la intervención a GRANASA?

Según el abogado de la empresa, Eduardo Carmigniani, la intervención no convierte a la funcionaria en administradora. Explicó que ciertas operaciones, como la firma de contratos o la emisión de cheques, requerirán visto bueno, pero la gestión ordinaria sigue en manos de los actuales administradores.

Carmigniani afirmó que la línea informativa de los diarios no puede ser objeto de injerencia. Sostuvo que la independencia editorial “se mantiene y se mantendrá”, y que la figura aplicada es de supervisión societaria, no de control de contenidos.

El origen de la controversia

El caso se vincula con un pedido de información formulado por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que figura con el 2,56 % de las acciones de la compañía en medio de un proceso judicial. La entidad solicitó datos sobre contratos, clientes y procesos legales en curso.

La empresa se negó a entregar parte de esa información al amparo del artículo 15 de la Ley de Compañías, que permite limitar el acceso cuando existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales. La Superintendencia invocó la causal prevista en el artículo 354 de esa ley para justificar la intervención.

Reacciones y alertas

La medida generó pronunciamientos de juristas y periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por posibles represalias indirectas contra medios críticos.

Desde el ámbito legal, algunos expertos sostienen que la intervención debe analizarse como un procedimiento técnico de control societario. Otros advierten que el contexto político obliga a observar el caso con atención por sus implicaciones en la libertad de prensa.

Por ahora, la interventora cuenta con una oficina dentro de la empresa y no participa en la redacción de contenidos. La figura no implica disolución ni cierre, sino un proceso de supervisión que se mantendrá hasta que el organismo de control considere superadas las causas que la motivaron.

La evolución de la intervención a GRANASA marcará el rumbo del debate sobre regulación societaria y libertad de prensa en Ecuador en los próximos meses.