TCE suspende por nueve meses al movimiento Amigo que acogía al correísmo
El movimiento Amigo quedó suspendido de forma provisional por decisión del TCE, en medio de una investigación por presunto lavado de activos y a pocos días del cierre de alianzas para las elecciones seccionales.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso este viernes 17 de julio de 2026 la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Amigo, lista 16, organización política que acogía a los candidatos del correísmo para las elecciones seccionales previstas para noviembre. La medida se produce en la recta final del plazo para registrar alianzas electorales.
Investigación por presunto lavado de activos
La decisión se originó tras un oficio remitido el 16 de julio por el fiscal general del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, quien informó al TCE sobre la existencia de una investigación previa contra el movimiento Amigo y sus directivos. Según la Fiscalía, existen indicios de una presunta participación de la organización en un caso de lavado de activos, aunque los detalles de la investigación permanecen bajo reserva.
El auto del TCE se fundamenta en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia, que permite suspender a una organización política cuando el fiscal general solicite la medida dentro de una investigación por lavado de activos que involucre directamente al movimiento.
Impacto en las elecciones seccionales
Con esta resolución, el movimiento Amigo quedará suspendido del Registro Permanente de Organizaciones Políticas que administra el Consejo Nacional Electoral (CNE). El juez Juan Patricio Maldonado dispuso además que el CNE ejecute la medida en un plazo máximo de tres días desde la notificación.
La suspensión afecta directamente la estrategia electoral del correísmo, que había recurrido a Amigo tras la suspensión de la Revolución Ciudadana. Entre los precandidatos que buscaban participar bajo esa organización figuran el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aspira a la reelección, y Luisa González, precandidata a la Prefectura de Manabí.
Qué se sabe y qué sigue
Lo que se sabe es que la suspensión tiene una duración inicial de nueve meses y responde a una investigación fiscal en curso, no a una sentencia penal. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no ha divulgado los hechos específicos que sustentan la indagación ni se conocen mayores detalles del expediente.
Con esta decisión, el panorama electoral vuelve a modificarse para el correísmo, que deberá definir su estrategia de participación mientras avanza el proceso judicial y el CNE ejecuta la resolución del Tribunal Contencioso Electoral.
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