Argentina aprueba régimen de pensiones para discapacidad en Diputados

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó durante la madrugada de este jueves un nuevo régimen de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. La votación arrojó 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, con el proyecto encaminado para su tratamiento en el Senado.

El oficialismo modificó su posición en el debate para evitar una derrota parlamentaria y aceptó cambios pedidos por la oposición y por organizaciones del sector. La discusión se dio en un contexto de ajustes fiscales que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, afectaron a instituciones y profesionales por falta de actualización de aranceles y demoras en pagos.

Garantías de financiamiento y pagos

El texto aprobado incorpora fondos y garantías para las prestaciones y establece que, si las partidas del área de Salud resultan insuficientes, el Tesoro deberá aportar los recursos necesarios. Además, dispone que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales.

La norma mantiene la actualización mensual por inflación de los aranceles de las prestaciones. También obliga al Gobierno a presentar en 30 días un cronograma para compensar deudas con los prestadores y completar los pagos en un máximo de 90 días, una medida que impacta directamente en la continuidad de los servicios para las personas con discapacidad.

Compatibilidad con empleo formal

El régimen permite compatibilizar el cobro de la pensión con el empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Asimismo, establece reglas para las suspensiones preventivas por cruces de datos: deberán notificarse fehacientemente y contemplar un plazo para presentar descargos.

La negociación se produjo después de que el oficialismo incluyera en el proyecto de Presupuesto 2027 un capítulo que alteraba el sistema de pensiones por invalidez: eliminaba la compatibilidad con el empleo formal y derogaba el arancel único para las prestaciones. Lo que se sabe hasta ahora es que la Cámara Baja aprobó retirar esos cambios y asegurar financiamiento, mientras que lo que falta por confirmar es el desenlace en el Senado y la eventual reacción del Poder Ejecutivo.

Senado y posible veto presidencial

La votación representa un cambio respecto de decisiones previas del Gobierno, que había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en 2025, aunque las dos cámaras insistieron. Esa norma no llegó a implementarse y la Justicia ordenó su aplicación, decisión que el Ejecutivo apeló, según el artículo.

El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado y, si se aprueba, quedará expuesto a un eventual veto presidencial. Para los beneficiarios y sus familias, el paso inmediato es seguir el trámite legislativo en la Cámara Alta y verificar los plazos que el Gobierno deberá presentar para regularizar deudas, porque esa etapa definirá la implementación del nuevo régimen en la práctica.