Gobierno envía a Contraloría información por contratos en Pichincha

El Gobierno de Ecuador informó que remitió a la Contraloría General del Estado información sobre supuestos contratos irregulares vinculados a la Prefectura de Pichincha. La denuncia fue hecha por el presidente Daniel Noboa el 29 de octubre de 2026, en el marco de allanamientos previos al Municipio de Quito por presunto peculado.

Noboa sostuvo que los contratos habrían sido adjudicados mediante mecanismos irregulares y atribuyó la gestión a contratos públicos manejados por la prefectura. Indicó que se trata de acuerdos “otorgados por municipios de la provincia” y que una parte habría sido entregada “a dedo” a un viceprefecto en funciones.

Denuncia cifra contratos y montos

Según el presidente, más de 300 contratos públicos, distribuidos en cantidades pequeñas, sumarían más de 10,5 millones de dólares en la última década. La forma en que estarían repartidos los montos, de acuerdo con la denuncia, habría buscado “pasar debajo del radar”.

El señalamiento también incluyó consecuencias directas para la población, al insinuar que la contratación pública habría operado fuera de los controles esperados en la administración provincial. Hasta el cierre de esta edición, no se había informado el detalle de cada contrato en el mensaje del presidente ni se había precisado el alcance de la revisión de la Contraloría.

Viceprefecto en funciones y empresas

El presidente no mencionó el nombre de la autoridad a la que atribuyó las adjudicaciones “a dedo”. Sin embargo, se informó que el actual viceprefecto es Andrei Iza Romero, quien asumió funciones el 13 de agosto de 2026, luego de la renuncia de Alexandro Tonello para postularse a la Prefectura de Pichincha en las elecciones seccionales de 2026.

Tonello es candidato afín al correísmo y participará con respaldo de Unidad Popular y el Partido Socialista. En el mensaje, Noboa mencionó que una de las empresas involucradas sería Tonello Soluciones, cuyo accionista sería el exviceprefecto y hoy candidato, y señaló que la información fue enviada a Contraloría para su revisión; lo que falta por confirmar es si la entidad verificará vínculos contractuales específicos y en qué términos determinará responsabilidades.

Revisión en Contraloría y próximos pasos

Noboa indicó que la remisión busca que el organismo fiscalizador revise los presuntos hechos y afirmó que el objetivo es combatir la corrupción. Como recomendación práctica para los lectores, conviene seguir las comunicaciones oficiales de la Contraloría y esperar la respuesta institucional sobre hallazgos, eventuales auditorías y posibles sanciones, dado que hasta ahora solo existe la denuncia del presidente y el envío del expediente.