Acoso sexual en la Policía de Ecuador: temor a represalias

Una cabo segundo de Policía en Ecuador denunció presunto acoso sexual por parte de un mayor y afirmó que, tras hacer público el caso, enfrentó presiones para desistir. El episodio se conoció luego de la publicación del 6 de abril de 2026 y, según su relato, fue convocada por altos mandos de unidades especiales.

La uniformada señaló que durante tres años habría recibido intimidaciones y propuestas indebidas. Indicó que la denuncia se formalizó después de que, en enero de 2026, el oficial presuntamente le enviara por WhatsApp una fotografía de sus partes íntimas.

Convocatoria tras la denuncia pública

De acuerdo con el testimonio de la cabo segundo, un oficial de la unidad se comunicó con EXTRA y señaló que no se referiría al caso hasta que el implicado fuera notificado formalmente de la investigación a cargo de la Fiscalía. Luego de la publicación, la denunciante dijo que fue citada a una reunión con un alto directivo de las unidades especiales de la Policía Nacional.

La cabo segundo aseguró que acudió acompañada por sus abogados por temor a amedrentamientos y que en el despacho el directivo habría mostrado una actitud prepotente. También sostuvo que le habrían restado importancia a inconvenientes previos y a que no hubiera presentado la denuncia en ese momento.

Abogados piden acciones y sumario

La defensa de la uniformada informó que envió una denuncia dirigida al ministro John Reimberg, en la que expuso lo ocurrido y solicitó información sobre medidas adoptadas. Con ese paso, los abogados prevén responder con el inicio de un sumario administrativo ante la Inspectoría General de la Policía.

Lo que se sabe hasta ahora es que la denunciante atribuyó el aumento de su temor a la reunión posterior a la difusión del caso. También dijo que el patrón no sería aislado: en los últimos tres meses, EXTRA habría revelado al menos otros dos procesos con denunciados que ocupaban cargos superiores dentro de la institución.

Falta celeridad y riesgo de revictimización

La abogada penalista Valeria Mena explicó que la burocracia interna puede afectar estos expedientes, porque las denuncias deben pasar por varios departamentos para determinar si constituyen una infracción de carácter sexual. Señaló que el trámite puede tardar hasta 30 días, tiempo en el que otros servidores podrían conocer el caso y aumentar la exposición de la víctima a revictimización.

En paralelo, Kassandra Andrade indicó que en delitos sexuales suelen aparecer vergüenza, culpa y falta de redes de apoyo, además del temor a represalias como traslados. Lo que falta por confirmar, hasta el cierre de esta edición, es el curso de la investigación y si se adoptaron medidas concretas para proteger a la denunciante, mientras la Policía Nacional afirma que existe un marco normativo con enfoque de género y seguimiento en derechos humanos y violencia basada en género.