Rogger Macías: siete militares procesados por muerte en Crucita

Siete militares fueron procesados por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, por la muerte de Rogger Macías, de 22 años, durante una persecución de las Fuerzas Armadas en el último día del toque de queda en Manabí. El hecho ocurrió la madrugada del 18 de mayo de 2026, en Crucita, cuando el joven fue impactado por una bala de fusil.

De acuerdo con la denuncia que consta en el expediente, Rogger viajaba en un vehículo junto con seis amigos por el sector La Boca, cuando vieron dos camionetas militares. Los ocupantes se habrían asustado y huyeron, pero los uniformados iniciaron una persecución y dispararon contra el carro, según el relato presentado por familiares.

Persecución y disparos en Crucita

El episodio se registró alrededor de las 03:00 del 18 de mayo, último día del toque de queda. Según lo descrito, Rogger quedó en uno de los asientos y se reportó que fue alcanzado por disparos en el tórax, mientras los otros ocupantes huyeron después del ataque.

En el lugar se recogieron 15 restos de bala calibre 5.56 y el vehículo presentaba seis orificios de proyectiles, de acuerdo con los datos a los que accedió Ecuavisa.com. También se solicitaron las grabaciones de cámaras de vigilancia para incorporarlas como evidencia, bajo cadena de custodia, en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial de Portoviejo.

Procesamiento sin prisión efectiva

El caso fue sorteado a la Unidad de Uso Legítimo de la Fuerza en Guayaquil. Los siete uniformados fueron procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, pero no están presos: un juez dispuso presentaciones periódicas en la Fiscalía de Manta y la prohibición de salida del país.

Lo que se sabe hasta ahora en el proceso es que la Fiscalía actuó de oficio en flagrancia y que la familia de Rogger no presentó una denuncia particular, según lo relatado, por temor a represalias y por amenazas recibidas en redes sociales. También se informó que la instrucción fiscal es de 30 días y que, hasta el cierre de esta edición, la familia no había sido contactada por la Fiscalía.

Qué sigue y qué puede hacer

La instrucción contempla la explotación del video de cámaras de vigilancia, y la instrucción fiscal tiene un plazo de 30 días, según el expediente. Para quienes siguen el caso, el paso inmediato es dar seguimiento a la incorporación de esas grabaciones como evidencia y a las comunicaciones oficiales sobre peritajes, especialmente en torno a la bala alojada en el cuerpo, un punto sobre el que los familiares dijeron no haber recibido informe ni evidencia. Lo que falta por confirmar es el resultado de esas diligencias y cómo quedará acreditada la responsabilidad individual de cada uno de los uniformados en la muerte de Rogger Macías.