ARCH pide al tribunal una sentencia definitiva en el caso Triple A contra Aquiles Álvarez
Tras agotar la etapa de alegatos en el juicio por presunta comercialización ilegal de combustibles, ARCH y Fiscalía presionan al tribunal para que fije con urgencia la fecha de la sentencia, ante el riesgo de que la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, caduque el 8 de septiembre
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) pidió al tribunal que lleva el caso Triple A informar si ya existe una sentencia contra Aquiles Alvarez y los demás procesados. El pedido fue presentado el 18 de agosto, luego de que los jueces concluyeran la audiencia de juicio el pasado 2 de agosto sin anunciar oralmente su decisión.
La institución señaló que necesita conocer el estado del proceso para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. La solicitud también busca evitar que una demora en la decisión genere indefensión para las partes.
Tribunal aún debe notificar su decisión
El tribunal está integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata. Tras finalizar la etapa de juicio, los magistrados tampoco han notificado hasta ahora una sentencia a las partes.
La fiscal del caso, Ruth Amoroso, estimó que la resolución podría conocerse durante los primeros días de septiembre. La Fiscalía espera que la decisión llegue antes de que caduque la prisión preventiva de Aquiles Alvarez, quien permanece detenido desde el 7 de marzo de 2026.
Qué se investiga en el caso Triple A
En el caso Triple A están procesadas 22 personas naturales y jurídicas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Entre los procesados están Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez y su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo con prisión preventiva.
Según la teoría de la Fiscalía, empresas vinculadas a Alvarez y su familia habrían formado una estructura para desviar combustible subsidiado entre los segmentos automotor, industrial y naviero. La acusación sostiene que la operación habría involucrado 22,7 millones de galones de diésel y gasolina y provocado un supuesto perjuicio al Estado de $61,5 millones.
Fiscalía pide penas y reparación económica
Durante el juicio, la Fiscalía solicitó declarar culpables a los procesados y pidió la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión para las personas naturales. También requirió multas, la clausura definitiva de seis compañías y una reparación integral de $61,5 millones.
Lo que se sabe es que el tribunal terminó la audiencia de juzgamiento el 2 de agosto y todavía debe comunicar formalmente su decisión. Lo que falta por confirmar es si los jueces ya emitieron la sentencia y cuál será su contenido.
La ARCH espera ahora una respuesta del tribunal sobre el estado del caso Triple A. La decisión será determinante para establecer la situación jurídica de los procesados y las medidas que podrían derivarse de la resolución judicial.
