Corte de Pichincha ratifica prisión por estafa con cupos en la Escuela

La Corte de Justicia de Pichincha ratificó una condena de siete años de cárcel contra Ana Belén M. M. por estafar a ciudadanos con la promesa de cupos para la Escuela Superior de Policía. El fallo confirmó la pena tras una apelación y se basó en el delito de estafa tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

Según el proceso penal, la acusada ofrecía supuestos ingresos para que aspirantes ingresaran a la institución a cambio de dinero. La resolución señaló que el esquema buscó convencer a las familias mediante información y supuestas credenciales vinculadas al Ministerio del Interior.

Condena por estafa y pagos

La sentencia estableció que Ana Belén M. M. cobró 15 500 dólares por cada aspirante interesado en formar parte de la Escuela Superior de Policía. En un caso, una sola víctima entregó 46 500 dólares bajo la promesa de que su hijo y dos sobrinos obtendrían el pase directo a las aulas formativas.

El fallo también describió que los cobros se concretaron el 28 de enero de 2019 en la vivienda de una testigo presencial. En ese mismo contexto, la testigo también resultó perjudicada por la modalidad denunciada.

Credenciales del Ministerio del Interior

Para generar confianza, la procesada se presentó ante los afectados como ingeniera vinculada a la oficina de recepción y preparación de carpetas del Ministerio del Interior. Además, aseguró que su cónyuge tenía el rango de capitán y oficial instructor, con lo que indicó que el trámite para el acceso a la Escuela Superior de Policía sería seguro.

Cuando transcurrieron meses sin novedades sobre la incorporación, la acusada convocó al denunciante el 20 de diciembre de 2019 a las instalaciones del Ministerio del Interior para una presunta entrevista formal. Al acudir, el personal de recepción informó que la mujer no laboraba en esa cartera, lo que permitió identificar el engaño.

Apelación desestimada en Pichincha

En la audiencia de apelación, la defensa sostuvo que el tribunal de primera instancia habría valorado de manera incorrecta las evidencias y cuestionó la existencia de un beneficio patrimonial. La Fiscalía General del Estado respondió con testimonios bajo juramento de la víctima principal y de otros dos ciudadanos perjudicados, y la Corte Provincial desestimó el recurso, dejando intacta la condena de siete años con sustento en el artículo 186, inciso primero, del COIP.