FBI detiene a Jessica Bowie por planear bomba en Capitolio

El FBI arrestó a Jessica Bowie, una mujer residente en Albany, acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York. El caso fue anunciado el jueves 20 de agosto de 2026, por la oficina federal de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, Bowie, de 35 años, intentó proporcionar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico (EI). Los investigadores sostienen que la acusada juró lealtad al EI y que buscaba ejecutar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.

Acusaciones y detalles del presunto plan

El FBI indicó que Bowie habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash. También afirmó que el objetivo eran legisladores estatales en el Capitolio de Nueva York.

Según lo informado en el expediente, el supuesto complot se desarrolló durante un mes. A partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, con el que habría discutido la fabricación de explosivos y el Capitolio como objetivo principal.

Vigilancia y respuesta de autoridades

Los investigadores indicaron que Bowie vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, entre el 21 de julio y el 9 de agosto. En esos días, tomó fotografías y analizó la seguridad de la zona, como parte de la preparación del plan.

La gobernadora Kathy Hochul emitió un comunicado tras el arresto y agradeció el trabajo del FBI y la policía del estado por la detención de Bowie. Señaló que, aunque no existe una amenaza inmediata en ese momento, el estado reforzó la seguridad en el Capitolio y en el gobierno estatal a principios de ese año por el aumento de la violencia política y las amenazas contra funcionarios públicos.

Qué falta por confirmar y próximos pasos

Lo que se sabe es que Bowie fue acusada de intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico y que el plan apuntaba al Capitolio de Nueva York. Lo que falta por confirmar es el resultado de los cargos en el proceso judicial, incluido el alcance de las pruebas sobre la supuesta fabricación y logística del artefacto.