Jueza de EE. UU. anula suspensión de visas para 75 países

Una jueza federal de Nueva York anuló este viernes 21 de agosto la suspensión de trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida implementada por el gobierno de Donald Trump en enero. Jeannette Vargas concluyó que la política era contraria a la ley y excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio.

La suspensión comenzó el 21 de enero y afectaba las solicitudes de visas destinadas a la residencia permanente en Estados Unidos. Entre los países incluidos estaban Brasil, Rusia, Somalia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El fallo cuestiona la política migratoria

El Departamento de Estado había defendido la medida bajo el argumento de que los inmigrantes procedentes de esos países representaban un riesgo elevado de depender de asistencia social o convertirse en una carga para las finanzas públicas. La jueza consideró que esa justificación no permitía ordenar una suspensión general basada únicamente en la nacionalidad.

Vargas señaló que los funcionarios consulares habían recibido instrucciones para denegar visas por el país de origen incluso cuando los solicitantes cumplían con los demás requisitos establecidos. El fallo revoca esas denegaciones cuando la única base fue la política cuestionada.

Trump puede apelar la decisión

La resolución representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de la administración Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha impulsado deportaciones de inmigrantes indocumentados y restricciones adicionales a la entrada legal de extranjeros.

Los tribunales también han bloqueado otras medidas de su gobierno. Entre ellas figura la tasa de USD 100.000 para determinadas visas de trabajo, anulada por un juez federal en junio, y una orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento.

Qué puede pasar ahora

Lo que se sabe es que la suspensión de visas de inmigrante para los 75 países quedó anulada por el fallo de Vargas y que las denegaciones sustentadas únicamente en esa política deben ser revertidas. La decisión afecta la aplicación de una medida que llevaba vigente desde enero.

Lo que falta por confirmar es si el gobierno de Trump apelará la resolución y cómo procederá el Departamento de Estado con los trámites afectados. El caso podría abrir una nueva disputa judicial sobre los límites de la autoridad presidencial y del Departamento de Estado en materia migratoria.