Caso Blindaje: Fiscalía vincula a seis jueces de Esmeraldas por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado vinculó este martes 1 de septiembre a seis jueces de Esmeraldas, una persona natural y tres empresas dentro del caso Blindaje. Los procesados son investigados como presuntos coautores del delito de lavado de activos.

La audiencia de vinculación se instaló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, debido al fuero que corresponde a los jueces provinciales involucrados. El proceso está relacionado con una investigación que también incluye al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y a otras personas.

Fiscalía señala una estructura organizada

Según el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, la investigación habría identificado una estructura organizada que utilizaba garantías jurisdiccionales para obtener de manera presuntamente irregular recursos del Estado. La Fiscalía sostiene que los involucrados habrían intervenido en acciones de protección que derivaron en millonarias reparaciones económicas.

Entre los jueces vinculados aparecen Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre, quienes eran jueces provinciales de Esmeraldas. También fue vinculado Simón Bolívar Moreno, quien ejercía como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames.

La Fiscalía señaló que en el expediente se habría identificado un monto de 7,54 millones de dólares como presunto lavado de activos. Ese valor correspondería a indemnizaciones establecidas mediante acciones de protección que, según la investigación, habrían sido utilizadas dentro del esquema.

Investigación apunta a fallos judiciales

El fiscal Alarcón explicó que la presunta estructura habría utilizado empresas y compañías consideradas fachadas para obtener, movilizar y posteriormente ocultar el origen del dinero. Entre las entidades mencionadas aparecen Petroecuador, la Refinería de Esmeraldas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

La Fiscalía sostiene que el mecanismo habría incluido el abuso y la desnaturalización de garantías jurisdiccionales para obtener decisiones judiciales con reparaciones económicas millonarias. Los investigadores también analizan cómo los recursos habrían ingresado posteriormente al sistema financiero mediante empresas y terceras personas.

Con estas nuevas vinculaciones, el caso Blindaje alcanza a 18 personas naturales y jurídicas procesadas por el delito de lavado de activos. La Fiscalía continúa presentando los elementos con los que busca sustentar los cargos contra los nuevos involucrados, mientras el proceso judicial avanza en la Corte Nacional de Justicia.