Caso Apagón: Fiscalía pide audiencia contra 21 y excluye a Luque

La Fiscalía General del Estado solicitó fijar fecha para la audiencia de formulación de cargos en el Caso Apagón, en Ecuador, este 29 de abril de 2026. El pedido incluye a 21 personas investigadas por presunto peculado en contratos firmados durante la crisis eléctrica de 2024. El proceso marca el paso de la investigación previa a la fase penal.

El caso se originó tras los apagones que afectaron al país durante ese año, con cortes de hasta 14 horas diarias. En ese contexto, el Gobierno declaró la emergencia energética y aceleró contrataciones para generación termoeléctrica. Esas decisiones ahora están bajo revisión judicial.

Contratos bajo sospecha

Entre los señalados figuran el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero, junto a otros funcionarios. La investigación se centra en contratos con la empresa estadounidense Progen Industries LLC para instalar generación en Quevedo y El Salitral.

La Contraloría identificó un posible perjuicio económico de entre USD 100 y 140 millones. Según los hallazgos, se entregaron anticipos elevados sin garantías suficientes y los proyectos no se ejecutaron como estaba previsto. Esto implica un impacto directo en recursos públicos que debían asegurar el suministro eléctrico.

Exclusión del ministro Luque

Uno de los puntos clave es la exclusión del actual ministro de Transporte, Roberto Luque, quien no fue incluido en la lista de procesados. Durante la investigación se revisó su patrimonio y se tomaron más de 60 versiones sin hallar indicios de responsabilidad penal.

La decisión ha generado interpretaciones diversas. Mientras el funcionario sostiene que se confirma su desvinculación del caso, el proceso continúa contra exautoridades y técnicos vinculados a la contratación. El debate se centra en hasta qué nivel alcanzan las responsabilidades políticas y administrativas.

Qué sigue en el proceso

La audiencia de formulación de cargos definirá si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal. De confirmarse, los implicados podrían enfrentar medidas cautelares y un eventual juicio.

Lo que se sabe es que la Fiscalía apunta a una posible estructura de decisiones irregulares durante la emergencia. Lo que falta por confirmar es el grado de responsabilidad individual de cada implicado y si se logrará recuperar los fondos observados. El avance del Caso Apagón será clave para determinar responsabilidades en una de las mayores crisis energéticas recientes del país.