Crisis en la Amazonía: retraso de fondos deja pacientes sin tratamiento

Pacientes con cáncer y personas con problemas renales de la Amazonía ecuatoriana se concentraron frente a la Asamblea Nacional el lunes 18 de mayo para denunciar un retraso de ocho meses en el pago de fondos para su atención médica. Los afectados señalaron que la falta de presupuesto ya provocó decenas de fallecimientos por la interrupción de tratamientos.

Activistas, autoridades locales y representantes de los enfermos afirmaron que el Gobierno Nacional no transfirió los recursos comprometidos a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía (CTA), pese a convenios firmados y a dos resoluciones judiciales que les habrían dado la razón. El abogado Pablo Fajardo sostuvo que el problema es que los fondos “se asignan en el papel, pero nunca se entregan”.

Retraso de ocho meses y convenios

Fajardo explicó que un nuevo convenio, vigente desde enero de 2025, establecía que la CTA debía transferir 1,3 millones de dólares para la atención de estos pacientes. Según su versión, ni la CTA ni el Ministerio de Economía y Finanzas han desembolsado el dinero.

El asambleísta correísta Vicente Báez vinculó el reclamo con el destino de recursos provenientes de la explotación petrolera en la región. Citó que el 4% del precio de cada barril destinado por ley a la Amazonía equivale actualmente a más de tres dólares por barril, y que con una producción promedio de 400.000 barriles diarios el Fondo Común Amazónico debería recibir más de 480 millones de dólares al año.

Movilidad difícil y 30 fallecidos

Fernando Vega, representante de los pacientes, señaló que la falta de recursos también se refleja en la movilidad para acceder a atención. Indicó que algunos enfermos deben navegar hasta dos días por el río Napo para llegar a un centro médico.

Vega denunció que desde octubre de 2025 han fallecido 30 personas, y precisó que seis de los fallecidos pertenecían a la fundación que agrupa a los damnificados. Añadió que otras 24 no habrían podido ingresar al convenio de asistencia entre la CTA y Cáritas (del Vicariato Apostólico de Aguarico) por la falta de presupuesto.

Impactos ambientales y próximos pasos

Adán Santana Ortiz, vocero de los afectados, atribuyó la alta incidencia de enfermedades a impactos ambientales asociados con la actividad petrolera y la minería, legal e ilegal. Señaló que, según su denuncia, el 80% de la población en la provincia no tiene acceso a agua potable y que muchas personas consumen agua de pozos o ríos contaminados.

Lo que se sabe es que los pacientes reclaman el desembolso de fondos y vinculan las demoras con la interrupción de tratamientos y muertes. Lo que falta por confirmar es si el Gobierno Nacional, la CTA y el Ministerio de Economía y Finanzas responderán con fechas de transferencia y el estado de los convenios y resoluciones judiciales. Mientras tanto, los portavoces insistieron en que no buscan “limosna” sino la ejecución efectiva de un derecho, y los afectados pueden exigir información documentada sobre pagos y cobertura de tratamientos.