Juez de EE. UU. ordena pagar $314 millones por torturas en Venezuela

Un juez federal de Estados Unidos ordenó pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela y denunciaron haber sido víctimas de torturas durante el gobierno de Nicolás Maduro. El fallo se emitió en Miami y se dictó en rebeldía, después de que los demandados no respondieran a la demanda.

El juez Darrin P. Gayles emitió el pronunciamiento contra Maduro, el empresario Alex Saab y otros cinco acusados, además del denominado Cartel de los Soles. La causa se relacionó con la denuncia de secuestros y maltratos durante el cautiverio de los demandantes.

Gayles falla en rebeldía por daños

Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval fueron liberados en 2023 en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, en el que Estados Unidos entregó a Saab. En la demanda, los demandantes señalaron que durante su detención sufrieron descargas eléctricas, golpizas y otras formas de tortura física y psicológica.

El juez concluyó que los secuestros habrían formado parte de una organización criminal destinada a sostener el poder de Maduro. También estableció que esos actos fueron parte de varios delitos para respaldar al gobierno y permitir que la presunta red obtuviera beneficios ilícitos, con consecuencias directas para las víctimas, que buscan una reparación económica.

Cartel de los Soles y vínculo antiterrorista

La resolución atribuyó responsabilidad adicional al denominado Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos. La administración de Donald Trump declaró a esa red organización terrorista extranjera este año, un marco que enmarca la acción bajo la Ley Antiterrorista de Estados Unidos.

Según lo que se sabe, este fallo corresponde a la mayor indemnización otorgada hasta ahora en demandas presentadas por estadounidenses detenidos en Venezuela bajo esa ley. La sentencia no incluyó a Delcy Rodríguez; sus abogados alegan que tendría inmunidad como jefa de Estado en funciones, de acuerdo con el planteamiento recogido en el expediente.

Qué falta y qué puede seguir

El caso ahora se concentra en la etapa posterior al fallo, incluida la posibilidad de buscar embargos de bienes de los responsables, que es una vía contemplada por la Ley Antiterrorista. Lo que falta por confirmar es el alcance práctico de la ejecución de la sentencia y si los demandados impugnan el fallo o responden en el proceso.