Cuenta alquilada y sótanos: la red clandestina de riders en Madrid

Un incendio en unos trasteros ubicados en un sótano del distrito madrileño de Arganzuela, ocurrido la noche del domingo 30 de agosto, dejó la muerte de un repartidor bangladesí de 26 años. La investigación buscó determinar si el fuego se originó en la zona usada para cargar bicicletas eléctricas y si la víctima residía allí.

En ese sótano se almacenaban bicicletas de reparto, cascos, paquetes y mochilas. Carlos Sola, responsable de Nuevas Realidades del Trabajo y del área de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, dijo que el espacio también se había convertido en lugar para pasar la noche.

Arganzuela y la precariedad nocturna

Sola describió el lugar como un trastero irregular donde se cargaban bicicletas eléctricas y se alquilaban a repartidores migrantes. Según su testimonio, algunos dormían allí, lo que conectó el caso con una precariedad que persiste pese a la regulación laboral para el reparto mediante plataformas.

El punto central es que muchos repartidores recién llegados, que todavía no tenían permiso de trabajo, dependían de una cuenta alquilada para entrar al sector. En la práctica, la cuenta del titular define el acceso a los ingresos, y su pérdida puede dejar sin trabajo a quien realiza las entregas.

El sindicato sostiene que la práctica es extendida en Madrid. Sola estimó que entre 70% y 80% de las cuentas estarían alquiladas en la capital, una cifra que, de confirmarse, explicaría por qué el problema no se limita a casos aislados.

Alquiler de cuentas y recortes

En Vallecas, en el sur de Madrid, se documentaron conversaciones entre repartidores que, por miedo a perder su fuente de ingresos, evitan dar detalles sobre su situación migratoria. Uno de los entrevistados dijo haber pedido no aparecer en el reportaje por no contar con papeles.

Ronny, venezolano que llegó a Madrid hace un año, relató cómo una cuenta de Glovo que le facilitaron dejó de pagarle cuando el titular lo bloqueó tras el primer mes. Después trabajó siete meses con otra cuenta alquilada, en la que el dueño retenía el 20% de ingresos mensuales de 1.200 euros (USD 1.393), además de descuentos presentados como “ayuda” que, según su versión, reducían lo que recibía por vacaciones.

Ley rider, flotas y qué falta

La nota se enmarca en la ley rider, que entró en vigor en 2021 e incorporó la presunción de laboralidad para quienes prestan servicios de reparto mediante plataformas digitales. Sola calculó que entre 30.000 y 35.000 repartidores trabajan directa o indirectamente para Uber Eats, Just Eat y Glovo en España, y advirtió que la laboralización también impulsó el crecimiento de flotas intermediarias.

El representante sindical señaló que en España Comisiones Obreras tiene contabilizadas oficialmente 22 flotas, aunque estimó que rondarían la treintena si se incluyen subcontratas locales. Con el caso de Arganzuela como ejemplo extremo, lo que se sabe hasta ahora es que la investigación debe aclarar el origen del incendio y el uso del sótano; lo que falta por confirmar es si la víctima vivía allí y cómo operaba exactamente la cadena de alquiler de cuentas en ese entorno. Para los lectores, la recomendación práctica es revisar si el reparto que realizan o les ofrecen implica contrato formal y trazabilidad de pagos, porque en estos esquemas el control del perfil puede definir si se cobra o no.