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Nueva ley permite apoyo militar a la Policía durante 180 días para enfrentar crisis de inseguridad en Ecuador

La Asamblea aprobó reglas para apoyo militar a la Policía durante 180 días, con controles institucionales y posibilidad de una prórroga adicional.

Tihanna Michelena
Tihanna Michelena26 de agosto de 2026 · 11:12 a. m.
Nueva ley permite apoyo militar a la Policía durante 180 días para enfrentar crisis de inseguridad en Ecuador

La Asamblea Nacional aprobó el 25 de agosto la ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. La normativa fue aprobada con 83 votos y desarrolla una reforma constitucional respaldada en las urnas en 2024.

La nueva legislación establece un procedimiento para que los militares apoyen a la Policía cuando las capacidades ordinarias de seguridad sean insuficientes. La medida busca establecer reglas permanentes para una cooperación que anteriormente se aplicaba principalmente mediante estados de excepción.

Un mecanismo con límites

El apoyo militar podrá mantenerse durante un máximo de 180 días y tendrá la posibilidad de una prórroga de 30 días. La solicitud deberá ser presentada de manera motivada por el comandante general de la Policía al presidente de la República.

Posteriormente, el Comando Conjunto deberá emitir un informe sobre la necesidad y pertinencia de la intervención. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado también deberá pronunciarse antes de que el presidente emita el decreto correspondiente.

La Asamblea y la Corte Constitucional recibirán el decreto para ejercer control posterior dentro de sus respectivas competencias. La ley también contempla la intervención de las Fuerzas Armadas ante graves crisis de seguridad dentro de las cárceles.

La aprobación generó críticas desde sectores de oposición, que cuestionaron aspectos relacionados con la fiscalización y el control sobre posibles excesos en el uso de la fuerza. El correísmo reconoció la necesidad del apoyo militar, pero expresó reparos sobre el contenido final de la normativa.

La ley representa un cambio importante en la estrategia de seguridad del Estado ecuatoriano. Su aplicación permitirá al Ejecutivo solicitar apoyo militar bajo un procedimiento definido, mientras el país enfrenta una fuerte presión de organizaciones criminales y elevados niveles de violencia.

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