Pena de muerte en América Latina: Cuba y Guatemala mantienen la norma

América Latina, que lideró la abolición total de la pena de muerte en la región, conserva excepciones en algunos países, según un reporte de Amnistía Internacional. De acuerdo con la organización, Estados Unidos fue el único país de la región que ejecutó en 2025 y registró 47 ejecuciones, el número más alto desde 2009.

El informe, que analizó el periodo de enero a diciembre de 2025, también indicó que a nivel mundial se contabilizaron 2.707 ejecuciones, un aumento del 78% frente al año anterior. Amnistía Internacional advirtió que en ciertos países la información disponible sobre la pena de muerte es escasa o incluso nula, por lo que las cifras podrían ser mayores.

Cuba mantiene la pena, de forma excepcional

En Cuba, la pena de prisión perpetua fue introducida en 1999 como alternativa a la pena capital, y una moratoria vigente desde el año 2000 solo se interrumpió una vez. En 2003, tres jóvenes cubanos fueron fusilados por un caso vinculado a un secuestro de un barco con rehenes en La Habana, descrito como “graves delitos de terrorismo”.

En 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código Penal que prevé, como sanciones principales para delitos de mayor gravedad, la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años. El texto también mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de “extrema gravedad”, y suprime en cuatro delitos, según el Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Guatemala: prohibiciones y límites jurídicos

En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad declaró en 2016 la inconstitucionalidad de la pena de muerte en casos de asesinato, y en 2017 extendió el criterio a la implementación para cinco delitos previstos en el Código Penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que también se derogaron referencias que permitían aplicar la pena de muerte según la Ley contra la Narcoactividad.

Aun así, Amnistía Internacional ubica a Guatemala como un país “abolicionista solo para delitos comunes”, porque la sanción puede aplicarse para delitos excepcionales contemplados en el Código Penal Militar o en circunstancias determinadas. El especialista Eddy Morales indicó que, aunque la norma existe, su aplicación está jurídicamente restringida por el Pacto de San José y por cómo se articula con el marco interno.

Qué sigue en el debate regional

El reporte sitúa a otros países en una categoría similar, como Brasil, Chile, El Salvador y Perú, donde la pena de muerte se vincula a supuestos acotados, como delitos militares en tiempos de guerra o figuras específicas como el terrorismo o la traición. En el caso de Chile, por ejemplo, se mantiene la condena capital en el Código de Justicia Militar para delitos en “tiempos de guerra”, mientras que en El Salvador solo se contempla durante “estado de guerra internacional”.

Lo que se sabe hasta ahora es que, pese a la tendencia regional a abolirla, persisten marcos legales excepcionales en varios países, lo que impacta directamente la vida de las personas condenadas o procesadas bajo esas figuras. Lo que falta por confirmar es si esos supuestos se traducen en sentencias o ejecuciones en la práctica, ya que el propio informe señala limitaciones en la disponibilidad de datos. Para el lector, la guía práctica es revisar no solo si la pena de muerte “está” o “no está”, sino en qué delitos y bajo qué condiciones legales se conserva, porque allí se concentra la diferencia real.