Bitcoinización en El Salvador: lo que quedó tras 5 años

El Salvador inició en junio de 2021 una “bitcoinización” impulsada por el presidente Nayib Bukele, con la promesa de que el bitcoin sería adoptado masivamente. Cinco años después, el dólar volvió a ser la única divisa de curso legal y el uso del bitcoin quedó como voluntario, sin que se materializara el proyecto de una ciudad futurista.

El plan se anunció tras una conferencia en Miami, Florida, en marzo de 2021, cuando Bukele planteó enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto para adoptar el bitcoin. La implementación arrancó con cambios legales y con incentivos para que la población descargara la billetera digital Chivo Wallet.

Promesas legales y costos iniciales

La ley aprobada en la Asamblea Legislativa, controlada por Nueva Ideas, estableció que el bitcoin tuviera curso legal junto al dólar, la moneda oficial desde hacía dos décadas. El gobierno presentó la medida como una vía para “prosperidad, libertad económica e inclusión financiera”.

Para la puesta en marcha se creó un fideicomiso de US$150 millones y se entregó un incentivo de US$30 a cada ciudadano para descargar Chivo Wallet, además de US$50 millones para cajeros y logística. Entre las consecuencias directas, el experimento no logró generar confianza suficiente: una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reportó que el 71% consideró que no beneficiaba a la economía familiar.

Adopción baja y remesas sin giro

Con el tiempo, la aceptación del bitcoin siguió siendo limitada. En 2024, BBC Mundo informó que el uso era anecdótico y se concentraba en Bitcoin Beach, alrededor de la playa de El Zonte, y Bukele reconoció en una entrevista con la revista Time que “el bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos”. En 2025, una encuesta del Iudop indicó que el 91,8% no lo usó el año anterior y que el 76,2% no lo había usado nunca.

Las remesas tampoco mostraron un cambio sustancial: entre enero y abril de 2026 crecieron las enviadas mediante billeteras de criptomonedas en 44,3%, hasta US$23,1 millones, pero representaron apenas el 0,7% de un total de US$3.286 millones. Para críticos como Frank Muci, el diseño de la propuesta no resolvió el problema de fondo, asociado a que las remesas se originan en efectivo y se reciben en efectivo, con comisiones que se mantienen.

FMI recorta el plan y sigue la transición

El giro más decisivo llegó con el acuerdo de financiamiento de US$1.400 millones alcanzado en diciembre de 2024, condicionado a “mitigar los riesgos del bitcoin”. En el corto plazo, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Bitcoin que eliminó su curso legal y dejó su uso como voluntario, y en septiembre el gobierno transfirió “la propiedad mayoritaria y el control” de Chivo Wallet a un “operador privado”.

Lo que se sabe hasta ahora es que se trata de Linguard Labs, aunque no se conocieron el porcentaje adquirido ni el monto de la operación, y que el Estado salvadoreño permanece como accionista y socio. Lo que falta por confirmar es el origen de las “donaciones privadas” que el FMI mencionó como respaldo para adquisiciones recientes de bitcoin y quién ejerce una contraloría sobre esos fondos; mientras tanto, el lector puede ubicar el impacto más visible en el repliegue de lo obligatorio y en una adopción que, según mediciones citadas, no alcanzó el nivel prometido.